DELITOS CONTRA LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El derecho penal constituye una de las respuestas más contundentes del Estado frente a conductas que amenazan la convivencia social y los valores fundamentales que la sostienen. Como lo plantea Pedro Vargas (2001) su finalidad no es otra que delimitar aquellos comportamientos que deben ser sancionados como el homicidio, el robo o el cohecho-, fijando también las consecuencias legales correspondientes para quienes los cometen. Este campo del derecho se encarga de identificar las conductas punibles; actos que, tras cumplir con ciertos requisitos normativos, pueden ser penalizados por poner en riesgo bienes jurídicos esenciales como la vida, la libertad o el patrimonio público.

La estructura de este sistema responde a lo que Reyes Echandía (1998) denominó dogmática penal, es decir, un conjunto coherente de categorías que permiten analizar los delitos de manera racional y objetiva. Según esta orientación, una conducta solo puede ser castigada si cumple con tres exigencias básicas: debe ajustarse al tipo penal previsto por la ley (tipicidad), carecer de justificación (antijuridicidad) y ser imputable al autor con base en dolo o culpa (culpabilidad).

Solo cuando estas condiciones se cumplen, se puede hablar propiamente de delito.6 La clasificación de los tipos penales dentro del Código permite comprender su diseño. Hay tipos básicos que describen conductas punibles por sí mismas –como el homicidio-, y otros más complejos, como los tipos especiales, que exigen ciertas cualidades del autor, por ejemplo, ser funcionario público para cometer peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito etc. Existen además los tipos en blanco, que remiten a otras normas para estar completos, comunes en el derecho ambiental o sanitario, y los tipos compuestos, que reúnen múltiples elementos dentro de una sola figura delictiva.