RÉGIMEN GENERAL DE LA IMPUGNACIÓN PENAL CONFORME AL COP

En los tratados internacionales de derechos humanos, El derecho a recurrir es una facultad propia de la parte dentro de un proceso, y contempla un examen encaminado a verificar el acierto de la resolución (decisión) judicial ya sea que se exprese en un auto o una sentencia, para buscar su enmienda o corrección por un tribunal jerárquicamente superior a través de los medios expresamente previstos en la ley. Este derecho se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Ecuador es parte, y, como consecuencia del pacta sunt servanda y del control de convencionalidad está reconocido en el ordenamiento jurídico nacional y debe ser aplicado, a petición de parte, por los jueces nacionales.

El art. 8 DUDH dice: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. En el art. 18 DUDH y el art. 25 CADH se reconoce el derecho a un recurso efectivo en el sentido más amplio, en que se incluyen garantías constitucionales como el HC, recursos propiamente dichos dentro del proceso penal, ya sean: los recursos ordinarios de apelación, REDC y los extraordinarios de casación y revisión; e, inclusive los horizontales de aclaración, ampliación, revocatoria y reforma, propios del COGEP, supletorio del COIP.