El retraso en el ejercicio de la potestad administrativa ocasiona perjuicio al Estado y por ende a su población; por un lado se deja de recaudar valores económicos generados por concepto de multas, glosas y reintegros; y, por otro, se coloca al administrado en una situación tortuosa causada por el incumplimiento de los términos y plazos previstos en la ley y en el reglamento para el respectivo procedimiento administrativo sancionador o de juzgamiento que no se pueden mantener de forma indefinida o «ad infinitum» El control gubernamental de los recursos públicos es saludable para el desarrollo de los fines del Estado con el que establecerá una disciplina en el manejo de los bienes estatales pero la fiscalización debe realizarlo en función a las competencias y facultades previstas en la Constitución de la República y la ley, respetando derechos fundamentales como el Debido Proceso y la Seguridad Jurídica que en un Estado Constitucional de derechos y justicia no pueden ser vulnerados existiendo la interdicción de la arbitrariedad debiendo los actos de la administración pública estar sujetos a los principios de juridicidad e igualdad, entre otros, cuyo ejercicio de la potestad discrecional debe observar los derechos individuales como el de la motivación que debe ser debidamente razonable integrada por una fundamentación fáctica y normativa suficiente a fin de que la argumentación jurídica no sea considerada como inexistente, insuficiente o aparente configurando ésta última como vicio motivacional a la incoherencia, la incongruencia, la inatinencia y la incomprensibilidad, conforme a lo señalado por la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia No. 1158-17-EP/21, Caso No. 1158-17-EP de fecha 20 de octubre de 2021, por lo que la decisión establecida en un acto administrativo debe derivarse del procedimiento previsto en la norma jurídica orgánica, so pena de que lo resuelto no goce de legitimidad y el accionar de la autoridad administrativa caiga en una de las deficiencias motivacionales señaladas. El respeto al debido proceso se constituye en un verdadero valor legal que Jurídicamente debe ser protegido en la que el Estado no puede evadir aquella obligación, lo contrario sería dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho que corresponde a toda persona.