Con el advenimiento del Código General de Procesos y del Código Orgánico Integral Penal se introducen relevantes modificaciones en la estructura procesal del Régimen Concursal de Insolvencia, incorporándose mecanismos alternativos como el Concurso Preventivo, el Voluntario o el Necesario, y mejorando la descripción típica de la Quiebra Fraudulenta o el de la Insolvencia Simulada, cuyas instituciones, con su efecto jurídico, mejoran sustancialmente el tratamiento de estos temas.
Mejora también la situación de deudores «sobrendeudados» para no usar el vocablo insolvente, independientemente del tamaño de sus deudas y de que tengan o no la calidad de comerciantes o empresarios que, en otros tiempos, quedaban expuestos a la voluntad de los acreedores, quienes decidían si se abría o no el Concurso para ejecutar el patrimonio del deudor. La iniciativa legislativa en tal sentido logra humanizar y democratizar «el Régimen Concursal» introduciendo figuras de «rescate» al alcance de pequeños deudores, que muchas veces pierden sus empleos, ya sea porque fracasan en sus emprendimientos o por el mal manejo empresarial.
El juicio de Insolvencia (concurso preventivo) es el único proceso en el cual los deudores desafortunados, que con mayor propiedad denominamos «deudores sin culpa», pueden quedar legítimamente liberados de sus obligaciones pendientes pagando solo hasta donde alcance su patrimonio, desde luego, después de hacer uso del «mecanismo de rehabilitación» que se encuentra ampliamente tratado en esta obra.
También en esta nueva edición se actualiza y amplia el Régimen Penal de la Insolvencia como resultado consumativo del delito que, de manera general, se caracteriza por una doble presunción, la de culpabilidad por una parte y la casual por otra. La comisión de un hecho hace presumir una conducta dolosa que representa un daño o un peligro para los intereses que tutela la Ley generándose, por ejemplo, la Quiebra Fraudulenta o la Insolvencia Simulada.
También se incluye un anexo donde se trata el Concordato Preventivo Emergente como mecanismo de alivio por el COVID-19, inserta en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, puesto que la destrucción causada por la pandemia del coronavirus genera en el mundo y en nuestro país una ola de insolvencia, por lo que era necesario una legislación destinada a evitar que, tanto personas privadas como empresas, vayan a la quiebra.
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