Así como el sistema punitivo medieval protegió los privilegios de la Iglesia y la aristocracia, excluyendo a burgueses y plebeyos, el derecho penal liberal, emergió en el siglo XVIII como opuesto a tales prerrogativas y defensor por ende de los intereses de la emergente burguesía.
Y si el viejo derecho había quemado en la hoguera, mutilado, marcado con hierro candente, enterrado vivo, enviado a galeras, descuartizado o empalado por el recto a todo el que profesara ideas revolucionarias o protestara contra las injusticias sociales, el rol del nuevo derecho penal consistía en reprimir toda actitud que pusiera en riesgo los intereses de los nuevos amos: el capital, la propiedad privada, la industrialización, etc.
Autorizaba acallar a sangre y fuego los reclamos contra los salarios misérrimos o las subhumanas condiciones de trabajo; reprimir severamente todo intento de los obreros por sindicalizarse; en Inglaterra, la ley luddista condenaba a la ahorca a quienes atentaran contra las máquinas.
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