Las sentencias interpretativas o manipulativas cada vez ocupan un espacio más importante en el control constitucional ecuatoriano, tal es así, que desde la promulgación de la Constitución de la República (2008), la Corte Constitucional ha evitado -en ciertos casos- expedir sentencias estimatorias que declaran la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, y más bien, a través de operaciones interpretativas, ha «reparado» dichas inconstitucionalidades, ya sea: estableciendo la interpretación constitucionalmente válida de las posibles interpretaciones que puede tener la disposición cuestionada; añadiendo, suprimiendo o sustituyendo palabras y frases del texto normativo para generar un sentido interpretativo constitucional; exhortando al órgano con potestad legislativa para que creé, reforme o remplace la disposición o disposiciones bajo las prevenciones dispuestas por la Corte Constitucional en la sentencia. En ese orden, la Corte Constitucional ya no fungirá como legislador negativo -en palabras del maestro Kelsen-sino, como legislador positivo.