El fenómeno de la corrupción presenta efectos perversos en el desarrollo de las naciones. Por esta razón, el entendimiento de sus causas y efectos resultan cruciales al momento de la elaboración de políticas públicas para la prevención, sanción y erradicación de estos actos ilícitos. La eficacia del orden jurídico debe sujetarse a la realidad de la sociedad de tal modo que disuada el cometimiento de este tipo de delitos.

La sociedad como actor determinante en la lucha contra la corrupción debe rechazar de forma contundente este actuar ilícito que sumerge a la sociedad en un círculo vicioso del cual resulta complejo salir. De este modo, sociedad y estado deben trascender al fenómeno de la corrupción, obligando a autoridades y administrados a mantener una conducta ética que, al final del camino, incidirá en la asignación eficiente de recursos, ya sea por transferencias de dinero o por la entrega de bienes preferentes como salud y educación.