Uno de los problemas que afrontan los países en Latinoamérica es la escasa investigación científica en las diferentes áreas del conocimiento, que traduce en la falta de una cultura de la investigación. El Estado, la academia y la industria, en cierta forma, han sido ajenos a desarrollar, generar o apoyar la investigación científica con contadas excepciones.
Esta misma situación se presenta cuando se trata de la investigación criminal que afecta directamente a la justicia tan vital para la supervivencia de un país y de la democracia. Históricamente, la academia se ha limitado al estudio teórico de la ley penal, los códigos, el procedimiento, la doctrina y la jurisprudencia con doctos y experimentados abogados, jueces, fiscales y magistrados, dejando de lado la investigación criminal propiamente dicha, generando así, una enorme vacío que afecta sensiblemente a la administración de justicia.
Corresponde entonces al Estado, la academia y la justicia y por qué no, a la sociedad en general propender por la cultura de la investigación criminal mediante el fortalecimiento de la formación de doctores, científicos, peritos forenses, especialistas, abogados, tecnólogos y técnicos, así como de investigadores y funcionarios judiciales con habilidades y competencias en las diversas ciencias forenses. Igualmente, es una responsabilidad pública la consolidación de los entes investigadores con sus laboratorios de criminalística y ciencias forenses apoyados con la tecnología de punta que hoy por hoy, con sus avances y desarrollos, da certeza y facilita el conocimiento de la verdad para garantizar una oportuna justicia con fallos equitativos.
Por las razones anotadas es que reviste trascendental importancia la ENCICLOPEDIA CCI, CRIMINALÍSTICA, CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN-, segunda edición, publicada por Sigma Editores en tres tomos que por su contenido, calidad científica, ilustraciones y autores, fue seleccionada como texto académico para el diplomado Investigación Criminal para el Sistema Penal Acusatorio.
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