El 20 de octubre de 2008 entró en vigencia la última Constitución de la República del Ecuador (CRE), a la que con el tiempo se le ha nombrado de distintas maneras; así, se la conoce como la Constitución de Montecristi, al tomar como referencia la ciudad en la que estuvo asentada la sede de la Asamblea Constituyente, también se la conoce como Constitución del

Buen vivir.1

La Constitución ecuatoriana es definitivamente innovadora, puesto que rompe con esquemas tradicionales y plasma la utopía de una ciudadanización del Estado a través de la profundización de la democracia, la centralidad de los derechos y la búsqueda de la armonía en las relaciones entre las personas y la naturaleza. La promesa constitucional fue la de abrir un camino para construir un modelo distinto al propuesto desde el desarrollismo capitalista y diferente al del estatalismo inhumano y anti libertario, razón por la cual se apostó por un modelo de ordenamiento social basado en los derechos y libertades que posibilitan la plena realización de la dignidad humana y, al mismo tiempo, una nueva forma de convivencia orientada a cuidar el equilibro de la naturaleza. Sin embargo, al instituir dos cuestiones tan fuertes como la centralidad de los derechos y la plenitud de la existencia humana, fluyendo de manera eufónica con la naturaleza o pachamama, facilitó la incorporación de los discursos más innovadores en la constituyente de 2007-2008, siendo gran parte de ellos recogidos en la CRE de 2008.