La potestad reglamentaria concedida mediante norma constitucional exclusivamente al presidente de República que se encuentra, en principio, destinada a ejecutar las leyes; y, la facultad normativa de carácter administrativo que puede ser ejercida por organismos.

descentralizados funcionalmente y organismos desconcentrados acerca de los asuntos internos de los mismos; constituyen dos instituciones de tratamiento necesario para el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo.

Esta obra llega como una respuesta a la carencia de un abordaje en la materia, y plantea el cuestionamiento a la potestad reglamentaria y la facultad normativa de carácter administrativo; revisa sus límites, las atribuciones, los mecanismos de impugnación y las relaciones orgánicas propias de la Administración Pública, desde una propuesta que defiende al principio democrático y los límites del poder; asegurando la tutela efectiva de los derechos de los administrados y la seguridad jurídica.

Queda decir que este libro se ubica entre los pioneros del tratamiento del tema, por lo que su aporte es fundamental para la academia, para los funcionarios públicos, para los operadores del sistema y para todos quienes sustentan su actuación en el ejercicio de una potestad pública, en consecuencia, la discrecionalidad propia de las instituciones que son analizadas, no puede suponer carta abierta hacia un desequilibrio que afecte al espíritu republicano y democrático del Ecuador.