Nuestra nación ha sido históricamente golpeada por actos de corrupción y de abuso de los recursos públicos. Las conductas de muchos gobernantes y funcionarios, cuando no de varios contratistas del Estado han lesionado gravemente el interés público. Para evitar esas patologías, el principio de control, propio de los reales Estados de Derecho, implementa sistemas y órganos encargados de vigilar el correcto uso de dichos recursos y, además, la conducta administrativa de funcionarios y particulares que manejan aquellos bienes.