La entrada en vigor de la Constitución española de 1978 inauguró —se ha dicho con frecuencia— un nuevo método para la construcción sistemática del Derecho administrativo. El bloque de la legislación jurídico-administrativa aprobada durante la dictadura franquista —Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, Ley de Expropiación Forzosa de 1954, Ley de Contratos del Estado de 1965, Ley de Patrimonio del Estado de 1964, etc.— continuó —con concretas excepciones— vigente y solo se sustituyó lentamente durante las décadas posteriores. Pero la nueva norma constitucional cambió inmediatamente las claves para el trabajo aplicativo y académico con el Derecho administrativo. Los mismos preceptos, interpretados conforme al nuevo «orden de valores» establecido por la Constitución, tenían un contenido imperativo distinto. Y las reglas y principios constitucionales sirvieron de armazón estructural sobre el
que se elaboraron algunas magníficas exposiciones sistemáticas de la disciplina en aquella época, que hoy puede identificarse como la de la «constitucionalización» del Derecho administrativo.