La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 88, consagra la acción de protección como un mecanismo diseñado para garantizar de manera directa y eficaz los derechos reconocidos en la Constitución, permitiendo su interposición ante cualquier vulneración de derechos constitucionales. Esta disposición configura la acción de protección como un recurso sumario y expedito. No obstante, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 42, delimita los casos en los cuales esta acción no procede. En particular, el numeral 4 aborda los actos administrativos, estableciendo que, por norma general, la acción de protección no es viable si el acto administrativo puede ser impugnado judicialmente, a menos que se demuestre que dicha vía no es adecuada ni eficaz, restringiendo así la acción de protección a un rol residual subsidiario.

Resulta imprescindible, entonces, analizar cómo se concibe la acción de protección en el contexto de un Estado constitucional de derechos y justicia, así como los principios que rigen su aplicación. Es esencial determinar cuándo se considera que ha habido una vulneración de derechos constitucionales y cuál es el papel del juez constitucional en fundamentar su decisión respecto a la procedencia de la acción de protección.

El propósito de este estudio es evaluar la viabilidad de la acción de protección frente a un acto administrativo mediante el análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Una vez sistematizados estos criterios, se recurrirá a la doctrina para profundizar en los parámetros que deben considerarse para determinar si la vía ordinaria es inadecuada e ineficaz para impugnar un acto administrativo, y en qué circunstancias la actuación pública constituye una vulneración de derechos constitucionales.