La dinámica social se refleja en el sistema jurídico, que en materia penal no solo comprende la norma sino el criterio jurisprudencial. Nuestra realidad demuestra la gran inestabilidad, lo volátil y los vertiginosos cambios, que se observa en la delincuencia, frente a la planificada o la improvisada estrategia del Estado en la lucha que debe entablarle, que hasta con demagogia le plantean impregnadas de populismo penal.

La implementación del sistema acusatorio, en nuestro caso, en forma alguna concebido unitario sino con fuertes rezagos del anterior sistema imperante y con la concurrencia de la inspiración garantista constitucional vigente, se encuentra en la consagración legislativa de normas casualmente enlazadas, originarias de todas las corrientes de la Dogmática Penal, presentes en el Código Orgánico Integral Penal como también en las posteriores reformas.

Frente a la falta de una Política Criminal y la grave crisis económica que vive el Estado, con el desprestigio de la actividad política y de la dirigencia, se ha desembocado en un notorio cuestionamiento a la administración de justicia y en el colapso del sistema penitenciario de rehabilitación social, que hacen indispensable sistematizar las aplicaciones que se han realizado a nivel doctrinal y jurisprudencial sobre la normativa del proceso penal en estos siete años de imperio.

Con este empeño entregamos la ampliación y actualización de la edición anterior, señaladas las posiciones para facilitar el estudio de esas instituciones jurídicas, a fin de que sirva para coadyuvar en satisfacer la necesidad de diseñar una Política Criminal, que el Ecuador hasta ahora ha intentado estructurar, la que debe articular las tentativas de políticas públicas de los diferentes segmentos que la integran, para lograr un efectivo combate a la delincuencia.