¿Puede valorarse prueba en el recurso de casación ecuatoriano?

¿Se valora prueba en el recurso de casación ecuatoriano?

Las respuestas a estas interrogantes ponen de manifiesto las contradicciones entre las prohibiciones y potestades emanadas del ordenamiento a los conjueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia y sus actuaciones. Esta doble realidad en la que la práctica, de manera fluctuante, desconoce al ordenamiento al admitir, conocer y resolver el recurso de casación interpuesto por error de sana crítica en la valoración de la prueba permite entender la falta de Seguridad Jurídica y la desigual administración de justicia que impera en torno al recurso de casación en nuestro país.

Para demostrar lo aseverado la obra inicia su análisis con explicaciones teóricas y prácticas que permiten entender a cabalidad la sana crítica. Consecuentemente, al estudiar en el desarrollo de capítulos posteriores ejemplos de autos y sentencias de las diferentes Salas de la Corte Nacional de Justicia, el lector podrá evidenciar que las contradicciones en torno a la procedencia de la valoración probatoria en el recurso nacen principalmente de la falta de comprensión de este método de valoración.

Posteriormente, estudia a través del derecho comparado el fundamento y la adecuación normativa realizada por países como España y Colombia para incorporar a través de la recurribilidad de este error («sana crítica o error de hecho») la función constitucional del recurso sin que peligre la característica función pública del mismo. Es en este contexto que analiza la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional ecuatoriana en torno a la valoración probatoria en el recurso de casación, evaluando a través de sus sentencias: tanto la falta de prevalencia de la justicia material de los criterios, como la falta de comprensión en torno a la sana crítica.

La obra concluye proponiendo: 1) Las modificaciones normativas para viabilizar y legitimar la ya practicada valoración probatoria en el recurso de casación 2) Las pautas de desarrollo jurisprudencial constitucional para incorporar a través de la garantía a la Tutela Judicial Efectiva, la proscripción de la arbitrariedad de la decisión basada en un error de hecho o de sana crítica, consecuentemente el fundamento para aceptar que en el recurso de casación se anule este error.